La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, conceptuó que los tiempos laborales cotizados en algunos países sirven para obtener la pensión en Colombia porque se ajusta a la Constitución. 

Ese fue un convenio firmado por el Gobierno nacional, que permite a los nacionales sumar al tiempo trabajado y cotizado en el país, lo que lograron en el extranjero, exactamente en 12 países, debidamente demostrable, por supuesto.

En concepto enviado a la Corte Constitucional, la Jefe del Ministerio Público señaló que el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, adoptado en la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en Santiago de Chile, permite el desarrollo del trabajo en condiciones dignas y justas, la promoción de la igualdad entre nacionales y migrantes, así como la protección de las personas mayores y en situación de discapacidad ante las contingencias que se les presenten.

“El tratado se configura como un instrumento de coordinación de legislaciones nacionales en materia de pensiones para garantizar el reconocimiento de las prestaciones de vejez, invalidez, supervivencia, accidentes de trabajo y enfermedad profesional, tanto a los empleados migrantes como a los trabajadores nacionales que han laborado en varios Estados y, con ello, permite que éstos disfruten de los beneficios generados por su trabajo”, sostuvo la Procuradora General.

Sobre la totalización de periodos, conservación de los derechos adquiridos y pago de prestaciones en el extranjero, señaló que son disposiciones que contribuyen al desarrollo y promoción del derecho a la seguridad social contemplado en la Constitución.

Agregó que las normas fijadas en el tratado son idóneas para ampliar la cobertura del Sistema General de Pensiones por medio de la cooperación internacional “y reconocen la importancia del trabajo y propenden por asegurar el mínimo vital de las personas que han desarrollado su vida productiva en diferentes países de la región iberoamericana”, precisó.

Los países que suscribieron el convenio, donde aplican las normas establecidas en el documento, aparte de Colombia, son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y España.